LOS INCUMPLIMIENTOS REPETIDOS DE LAS NORMAS FISCALES ALIMENTAN LA INFLACIÓN Y EL RIESGO MONETARIO

La regla de oro fiscal es un principio rector de las finanzas públicas que establece que, a lo largo del ciclo económico, el gobierno solo debe endeudarse para invertir y no para financiar el gasto diario. En esencia, esta regla distingue entre inversiones productivas —como infraestructura o educación, que pueden impulsar el crecimiento económico futuro— y gastos regulares, como salarios del sector público o prestaciones sociales.

El objetivo principal de la regla es mantener la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Al permitir el endeudamiento para inversión en lugar de consumo, ayuda a garantizar que las generaciones futuras puedan beneficiarse del gasto actual sin verse injustamente agobiadas por la deuda. La regla de oro, adoptada de diversas formas por numerosos países, como el Reino Unido y partes de la UE, se consideró un marco prudente para una gestión fiscal responsable.

Los economistas generalmente apoyan el principio porque alinea el endeudamiento público con la acumulación de capital. Mientras tanto, los mercados interpretan el cumplimiento de estas reglas como una señal de disciplina fiscal, que refuerza la confianza de los inversores y contribuye a la estabilidad macroeconómica. Incumplir la regla, sobre todo de forma reiterada, envía la señal contraria: genera alertas tanto para los inversores como para las agencias de calificación crediticia. Cuando los gobiernos violan sistemáticamente la regla de oro, difuminan la línea entre inversión sostenible y gasto insostenible. Esto suele generar crecientes preocupaciones sobre la trayectoria de la deuda, en particular cuando el endeudamiento adicional carece de retornos transparentes para la economía. La confianza se debilita, los costos de endeudamiento aumentan y la economía se vuelve más vulnerable a las perturbaciones externas. En países donde la credibilidad fiscal es frágil o los niveles de deuda ya son elevados, estas violaciones pueden acentuar los temores de irresponsabilidad fiscal. En consecuencia, los bancos centrales pueden verse presionados a responder de forma preventiva, endureciendo la política monetaria antes para compensar la falta de control fiscal, una respuesta que, en sí misma, puede tener consecuencias inflacionarias si no se realiza en el momento adecuado. En última instancia, la regla de oro no solo sirve como guía presupuestaria, sino también como mecanismo de confianza. Cuando se respeta, fundamenta la política monetaria en un entorno fiscal creíble. Pero cuando los gobiernos lo ignoran repetidamente, los efectos secundarios no deseados pueden manifestarse tanto en aumentos inflacionarios como en deterioro del valor de la moneda.

Las infracciones reiteradas de la regla de oro fiscal socavan directamente el delicado equilibrio entre el gasto público, el endeudamiento y la estabilidad monetaria, creando así un terreno fértil para que se arraiguen las presiones inflacionarias. Si bien se pueden tolerar excepciones a corto plazo a la regla en épocas extraordinarias, como durante una recesión o una pandemia mundial, las infracciones persistentes envían señales preocupantes tanto a los mercados como a los banqueros centrales.

Un mecanismo principal que vincula las infracciones fiscales con la inflación es el aumento de la demanda agregada. Cuando los gobiernos gastan en exceso, especialmente en gastos recurrentes, inyectan liquidez adicional en la economía sin los correspondientes aumentos de bienes y servicios. Si la economía ya está a plena capacidad o cerca de ella, esto puede resultar en una inflación de demanda, donde demasiado dinero persigue muy pocos bienes.

A medio y largo plazo, las infracciones reiteradas de la regla de oro pueden desestabilizar las expectativas. Los hogares y las empresas comienzan a anticipar una mayor inflación, lo que puede influir en la fijación de salarios y las estrategias de precios. A medida que las expectativas se arraigan, la inflación se vuelve más persistente y más difícil de combatir sin ajustes macroeconómicos drásticos.

Las autoridades monetarias pueden verse obligadas a responder con tasas de interés más altas para contrarrestar el impulso inflacionario. Sin embargo, si dichas tasas se perciben como punitivas o desfasadas con la dinámica de crecimiento, pueden agravar la volatilidad económica. Además, las tasas más altas aumentan los costos del servicio de la deuda, lo que aumenta la presión sobre los presupuestos públicos y podría impulsar un mayor endeudamiento, creando así un círculo vicioso de deuda e inflación.

Otro canal importante se relaciona con el dominio fiscal: la idea de que los bancos centrales pueden perder su independencia o sentirse limitados por las necesidades de endeudamiento público. En casos extremos, los bancos centrales podrían financiar déficits directa o indirectamente, especialmente si los mercados de deuda comienzan a exigir mayores rendimientos. Este escenario tiende a ser altamente inflacionario, ya que aumenta la base monetaria sin un aumento correspondiente de la productividad.

Finalmente, las violaciones de la regla de oro pueden desincentivar la inversión extranjera, ya que los inversores se preocupan por la sostenibilidad fiscal. La fuga de capitales o la reducción de las entradas de capital deprimen el tipo de cambio, lo que eleva los precios de las importaciones y agrava la inflación. Una moneda depreciada actúa esencialmente como un mecanismo de transmisión, convirtiendo los errores fiscales en presiones sobre los precios internos. En definitiva, las reiteradas violaciones de la regla de oro no solo alteran las normas presupuestarias, sino que repercuten en todo el ecosistema económico, provocando shocks inflacionarios que pueden ser difíciles y costosos de revertir.

El riesgo cambiario surge cuando el valor de la moneda de un país se vuelve volátil o se deprecia bruscamente, socavando tanto el poder adquisitivo interno como la confianza de los inversores internacionales. Las reiteradas violaciones de la regla de oro de las finanzas públicas pueden ser un catalizador importante de este tipo de inestabilidad, ya que erosionan la percepción de responsabilidad fiscal y aumentan las dudas sobre la capacidad de un gobierno para gestionar su deuda de forma sostenible.

En los mercados financieros globales, las monedas no se valoran de forma aislada, sino que se evalúan en función de los fundamentos económicos, como la disciplina fiscal, las perspectivas de inflación y la estabilidad política. Cuando los gobiernos ignoran sistemáticamente las normas fiscales, los inversores comienzan a reevaluar la fiabilidad del marco macroeconómico del país.

Una consecuencia común son las salidas de capital. Los inversores extranjeros, al percibir un mayor riesgo crediticio y de inflación, pueden liquidar activos denominados en la moneda local. Esto genera una presión a la baja sobre el tipo de cambio. Una moneda más débil, a su vez, amplifica el costo de las importaciones, impulsando los precios internos al alza, lo que se conoce como inflación importada.

Además, los gobiernos con una deuda considerable denominada en moneda extranjera enfrentan costos de reembolso elevados cuando su moneda nacional se deprecia. El servicio de la deuda externa se encarece, lo que genera un mayor endeudamiento y potencialmente crea un círculo vicioso de erosión fiscal y volatilidad cambiaria.

El riesgo es particularmente agudo en los mercados emergentes, pero no es exclusivo de ellos. Incluso las economías avanzadas pueden sufrir debilidad cambiaria si las normas fiscales se ignoran sistemáticamente. El Reino Unido, por ejemplo, experimentó una importante reacción negativa del mercado en 2022 tras un anuncio fiscal que ignoró las normas establecidas, lo que provocó fuertes caídas de la libra y un aumento de los rendimientos de los bonos del Estado.

Cuando el riesgo cambiario se afianza, los bancos centrales pueden verse obligados a intervenir, ya sea utilizando reservas de divisas o subiendo los tipos de interés, para estabilizar la moneda. Estas intervenciones, si bien a veces son necesarias, conllevan contrapartidas. Las tasas más altas frenan el crecimiento, mientras que la disminución de las reservas reduce las redes de seguridad financiera ante futuras crisis.

Además, la depreciación de la moneda tiende a perjudicar más a los hogares de bajos ingresos, ya que aumenta el costo de bienes importados esenciales como alimentos y energía. Esto puede generar una mayor presión política y malestar social, lo que desestabiliza aún más los mercados financieros y crea un círculo vicioso entre la mala gestión fiscal y la inestabilidad económica.

Por lo tanto, mantener la regla de oro no es simplemente una cuestión de contabilidad técnica, sino que es fundamental para preservar la fortaleza de la moneda. Una política fiscal disciplinada promueve expectativas de inflación estables, fomenta la inversión extranjera y fortalece la percepción de integridad de la gobernanza macroeconómica. Ignorar la regla de oro compromete todos estos factores, aumentando así el riesgo cambiario general.